España
está entre los países más infractores de las leyes de la UE
España está en el podio de países más denunciados por los propios ciudadanos. Según el Trigésimo informe anual sobre el control de la aplicación del derecho en la UE, "los tres Estados miembros contra los que se presentó la mayor parte de las denuncias en 2013 fueron: Italia (438), España (306) y Francia (242)".
Al igual que en 2011, las irregularidades denunciadas por los ciudadanos, las empresas y las organizaciones se refirieron a los sectores de medio ambiente, mercado interior y servicios y justicia (588, 491 y 462 denuncias, respectivamente). Los últimos 'tirones de orejas' de la UE El céntimo sanitario. La última sentencia del TJUE, que dictaminaba que el céntimo sanitario recaudado en España "es contrario" al derecho comunitario. La sentencia dice que este impuesto no respeta la directiva sobre los impuestos especiales, que obliga a que el objetivo del impuesto no sea exclusivamente presupuestario.
El uso de pelotas de goma en Ceuta. La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström advertía que no dudaría "en actuar si la investigación muestra que ha habido una vulneración de las leyes de la UE", en relación con la muerte de 15 personas en la frontera de Ceuta y el uso de pelotas de goma por la Guardia Civil en esa ocasión.
La doctrina 'Parot'. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el recurso del Gobierno español contra la liberación de la etarra Inés del Río, a la que se le aplicaba la reducción de pena sobre el total de años de condena y no sobre el máximo de cumplimiento. Aunque la sentencia no era vinculante España debió aplicarla porque firmó el Convenio de Derechos Humanos.
Ayudas a los astilleros. La Comisión Europea pedía a España que recuperara las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Los inversores que financiaron la construcción de los buques serían los encargados de devolver las ayudas.
Ayudas a los clubes de fútbol. La CE abrió un expediente por los posibles privilegios fiscales otorgados al Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna, entre otros, que supondrían ayudas públicas ilegales según la legislación de la UE.
Por la tarjeta sanitaria. Se iniciaba un procedimiento de infracción contra España por no aceptar en los hospitales públicos de zonas turísticas la tarjeta sanitaria europea, lo que obligaba a los pacientes comunitarios a pagar tratamientos que son gratuitos para los españoles.
Ayudas a la TDT. La CE dictaminó que los operadores de plataformas de televisión digital terrestre en España deberían devolver 260 millones de euros de ayudas públicas. Bruselas declaró estas subvenciones ilegales por discriminar a otras tecnologías.
Por la normativa laboral de la Guardia Civil. Bruselas exigió, mediante un dictamen motivado, a España que respetara las normas comunitarias que rigen las horas extra de trabajo y los tiempos de descanso, al considerar que no se estaban aplicando a los miembros de la Guardia Civil.
Subida de las tasas aplicada en Barajas y el Prat. La Comisión Europea lanzaba un procedimiento de infracción contra España por la subida de las tasas que debían pagar las compañías aéreas en los aeropuertos explotados por Aena. Bruselas pedía explicaciones formales al Gobierno sobre las causas de estos incrementos con el fin de examinar si estaban justificados.
Por "banalizar el nazismo". Toque de atención de Bruselas que advertía que la "exculpación, negación o trivialización flagrante intencionada y pública de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios deben ser sancionables penalmente", tras la denuncia de los eurodiputados catalanes para el homenaje a la División Azul en la que participó la delegada del Gobierno en Cataluña.
El gobierno del PP que continuamente amenaza el Proceso para la Independencia de Cataluña, refiriendo continuamente a que la UE no lo permitirá porque va contra los tratados de la misma, comporta una actitud de hipocresía alarmante y anti democrática y de la utilización de la UE cuando le conviene y siempre en contra del derechos de todo ciudadano en decidir su futuro, siendo el gobierno Español, como dice el informe, está entre los países más infractores de las leyes Europeas.
Y todavía es más miserable el incumplimiento de la Constitución y que durante la crisis que el ciudadano está sufriendo su apuesta ha sido estar al lado del poder financiero en contra de los derechos que la misma constitución dicta en defensa del bienestar de los ciudadanos, modificando artículos de la misma en perjuicio de los mismos. Oponiéndose a la reforma de la constitución para adaptarla al momento que vivimos y teniendo en cuenta que una gran mayoría de ciudadanos no la votaron.
El PP y su entorno exigen que se aplique llegado el momento el Art. 155 de la constitución el cual solo se aplica a las comunidades autónomas, en el caso de de carácter excepcional o extremo (y alcance incluso coercitivo), para situaciones igualmente excepcionales o extremas, consistentes en el incumplimiento por aquéllas de obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes o en actuaciones de las mismas que atenten gravemente al interés general de España.
Se exige que este articulo se aplique al Gobierno de Catalunya porque atenta gravemente al interés general de España, y cómo y cuándo se puede aplicar a un gobierno que ha atentado contra los intereses de los ciudadanos?, a menos que el gobierno piense que no es de interés lo que le suceda a los mismos y que a la vista esta, es lo evidente.
Las leyes las debemos cumplir todos, europeas, nacionales e internacionales porque así debe ser cuando son firmados y ratificados por los gobiernos y no es lícito que el poder político pueda saltarse las leyes y seguir gobernando amenazando a los que según “SUS” leyes, no las cumplan y no me vale la respuesta demasiado manoseada de que los ciudadanos cada cuatro años podemos decidir y menos cuando en un día se pueden cargar todos los derechos constitucionales de un país y tener que esperar otros cuatro años para decidir echar al gobierno y una forma de evitarlo sería tener un Tribunal Constitucional que actuara como tal y no ser los bocales de los partidos con mayoría en el congreso y principalmente cuando el gobierno lo hace con mayoría absoluta, sea cual sea el color del mismo.
España
está entre los países más infractores de las leyes de la UE
España está en el podio de países más denunciados por los propios ciudadanos. Según el Trigésimo informe anual sobre el control de la aplicación del derecho en la UE, "los tres Estados miembros contra los que se presentó la mayor parte de las denuncias en 2013 fueron: Italia (438), España (306) y Francia (242)".
Al igual que en 2011, las irregularidades denunciadas por los ciudadanos, las empresas y las organizaciones se refirieron a los sectores de medio ambiente, mercado interior y servicios y justicia (588, 491 y 462 denuncias, respectivamente). Los últimos 'tirones de orejas' de la UE El céntimo sanitario. La última sentencia del TJUE, que dictaminaba que el céntimo sanitario recaudado en España "es contrario" al derecho comunitario. La sentencia dice que este impuesto no respeta la directiva sobre los impuestos especiales, que obliga a que el objetivo del impuesto no sea exclusivamente presupuestario.
El uso de pelotas de goma en Ceuta. La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström advertía que no dudaría "en actuar si la investigación muestra que ha habido una vulneración de las leyes de la UE", en relación con la muerte de 15 personas en la frontera de Ceuta y el uso de pelotas de goma por la Guardia Civil en esa ocasión.
La doctrina 'Parot'. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el recurso del Gobierno español contra la liberación de la etarra Inés del Río, a la que se le aplicaba la reducción de pena sobre el total de años de condena y no sobre el máximo de cumplimiento. Aunque la sentencia no era vinculante España debió aplicarla porque firmó el Convenio de Derechos Humanos.
Ayudas a los astilleros. La Comisión Europea pedía a España que recuperara las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Los inversores que financiaron la construcción de los buques serían los encargados de devolver las ayudas.
Ayudas a los clubes de fútbol. La CE abrió un expediente por los posibles privilegios fiscales otorgados al Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna, entre otros, que supondrían ayudas públicas ilegales según la legislación de la UE.
Por la tarjeta sanitaria. Se iniciaba un procedimiento de infracción contra España por no aceptar en los hospitales públicos de zonas turísticas la tarjeta sanitaria europea, lo que obligaba a los pacientes comunitarios a pagar tratamientos que son gratuitos para los españoles.
Ayudas a la TDT. La CE dictaminó que los operadores de plataformas de televisión digital terrestre en España deberían devolver 260 millones de euros de ayudas públicas. Bruselas declaró estas subvenciones ilegales por discriminar a otras tecnologías.
Por la normativa laboral de la Guardia Civil. Bruselas exigió, mediante un dictamen motivado, a España que respetara las normas comunitarias que rigen las horas extra de trabajo y los tiempos de descanso, al considerar que no se estaban aplicando a los miembros de la Guardia Civil.
Subida de las tasas aplicada en Barajas y el Prat. La Comisión Europea lanzaba un procedimiento de infracción contra España por la subida de las tasas que debían pagar las compañías aéreas en los aeropuertos explotados por Aena. Bruselas pedía explicaciones formales al Gobierno sobre las causas de estos incrementos con el fin de examinar si estaban justificados.
Por "banalizar el nazismo". Toque de atención de Bruselas que advertía que la "exculpación, negación o trivialización flagrante intencionada y pública de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios deben ser sancionables penalmente", tras la denuncia de los eurodiputados catalanes para el homenaje a la División Azul en la que participó la delegada del Gobierno en Cataluña.
El gobierno del PP que continuamente amenaza el Proceso para la Independencia de Cataluña, refiriendo continuamente a que la UE no lo permitirá porque va contra los tratados de la misma, comporta una actitud de hipocresía alarmante y anti democrática y de la utilización de la UE cuando le conviene y siempre en contra del derechos de todo ciudadano en decidir su futuro, siendo el gobierno Español, como dice el informe, está entre los países más infractores de las leyes Europeas.
Y todavía es más miserable el incumplimiento de la Constitución y que durante la crisis que el ciudadano está sufriendo su apuesta ha sido estar al lado del poder financiero en contra de los derechos que la misma constitución dicta en defensa del bienestar de los ciudadanos, modificando artículos de la misma en perjuicio de los mismos. Oponiéndose a la reforma de la constitución para adaptarla al momento que vivimos y teniendo en cuenta que una gran mayoría de ciudadanos no la votaron.
El PP y su entorno exigen que se aplique llegado el momento el Art. 155 de la constitución el cual solo se aplica a las comunidades autónomas, en el caso de de carácter excepcional o extremo (y alcance incluso coercitivo), para situaciones igualmente excepcionales o extremas, consistentes en el incumplimiento por aquéllas de obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes o en actuaciones de las mismas que atenten gravemente al interés general de España.
Se exige que este articulo se aplique al Gobierno de Catalunya porque atenta gravemente al interés general de España, y cómo y cuándo se puede aplicar a un gobierno que ha atentado contra los intereses de los ciudadanos?, a menos que el gobierno piense que no es de interés lo que le suceda a los mismos y que a la vista esta, es lo evidente.
Las leyes las debemos cumplir todos, europeas, nacionales e internacionales porque así debe ser cuando son firmados y ratificados por los gobiernos y no es lícito que el poder político pueda saltarse las leyes y seguir gobernando amenazando a los que según “SUS” leyes, no las cumplan y no me vale la respuesta demasiado manoseada de que los ciudadanos cada cuatro años podemos decidir y menos cuando en un día se pueden cargar todos los derechos constitucionales de un país y tener que esperar otros cuatro años para decidir echar al gobierno y una forma de evitarlo sería tener un Tribunal Constitucional que actuara como tal y no ser los bocales de los partidos con mayoría en el congreso y principalmente cuando el gobierno lo hace con mayoría absoluta, sea cual sea el color del mismo.
